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¿Las violaciones de la NCAA ahora son delitos federales?

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Tags Sistema LegalMonopolio y Competencia

Las acusaciones penales federales recientes de conspiración y fraude electrónico presentadas contra cuatro entrenadores de baloncesto universitario y ejecutivos de Adidas parecen ser populares en los medios, a juzgar por los numerosos artículos que he visto acerca del asunto. De ese sentido, incluso algunos libertarios, advirtiendo su creencia de que el deporte universitario está “corrompido”, están alabando a las autoridades federales.

No soy uno de los entusiastas de esta última intrusión del derecho penal federal en lo que es esencialmente una actividad pacífica y privada, dejando aparte las reglas de la NCAA. Mientras que la mayoría de los periodistas parecen ver esto como un ejemplo de las autoridades federales cabalgando sobre sus caballos blancos para salvar al baloncesto universitario del flagelo de la “corrupción”, yo veo esto como el gobierno destruyendo vidas sin ninguna buena razón y protegiendo las fuentes de la corrupción real al mismo tiempo. Lejos de “limpiar” el deporte universitario, esta es una clásica operación de gato por liebre en la que las autoridades federales conspiran para redirigir recursos de aquellos que deberían tenerlos (si realmente mantenemos la creencia de que las personas deberían ser recompensadas por su contribución a la riqueza añadida a la economía), al mismo tiempo que afirman que están “protegiendo” a las mismas personas a las que se les roba.

Como señalaba recientemente Gary North, la NCAA es un cártel (un cártel de varios miles de millones de dólares, añadiría yo) que afirma estar protegiendo el principio “sagrado” del “deporte aficionado”. Al mismo tiempo, se asegura de que el principal factor de producción del deporte universitario (el trabajo de los deportistas universitarios individuales) recibe una compensación mínima o ninguna en absoluto. El actual sistema de compensación (“becas” deportivas para los deportistas) es equivalente a una norma que declarara que Russell Westbrook, el jugador más valioso de 2016 para la NBA, puede recibir un pago solo igual al del jugador peor pagado en la misma liga, mientras que los entrenadores y directivos de la NBA se quedan con la mayoría de los fondos generados por el baloncesto profesional.

La última correría federal gira en torno a cuatro (posiblemente más) entrenadores ayudantes universitarios que recibieron pagos de Adidas para dirigir a los jugadores masculinos de baloncesto más destacados a programas que están ligados a la compañía de ropa deportiva. Por ejemplo, mi alma mater, Tennessee, es un “programa Nike” y sus uniformes, zapatillas y demás material lleva el logo “Swoosh” de Nike. A cambio de permitir a sus deportistas hacer publicidad de sus productos, Nike paga una gran cantidad de dinero a la UT.

Matt Norlander, de CBS Sports, explica acerca de los supuestos sobornos que Adidas pagó a los ayudantes que fueron acusados y arrestados:

El FBI reveló la mañana del martes que ha estado llevando a cabo una investigación de dos años sobre planes ilegales y perversos de fraude y corrupción en el baloncesto universitario. Diez personas conectadas a dos planes independientes (pero relacionados) han sido acusadas y arrestadas. Cuatro de ellas son actualmente entrenadores ayudantes de baloncesto universitario, todos los cuales han sido suspendidos indefinidamente, algunos de ellos sin salario.

La investigación del FBI resulta ser una de las más importantes en la historia del deporte universitario, porque supone que el gobierno federal interviene en el mundo del reclutamiento universitario, que se ha visto durante mucho tiempo contaminado por gente dispuesta a incumplir todas las normas intentando conseguir a los mejores jugadores de instituto.

Norlander continúa:

  • La corrupción: Los antes mencionados hombres adinerados relacionados con los ayudantes para dirigir a los jugadores a las universidades con relaciones concretas con empresas de zapatillas. Se intercambiaba efectivo cuando los gestores y consultores monetarios (entre otros) acababan “dirigiendo secretamente dinero las familias de los reclutados del instituto”, dijo Kim en la tarde del martes. A veces ese dinero se entregaba de forma oculta, por ejemplo, a través de un programa de baloncesto de base.
  • Hay tres demandas oficiales independientes ligadas a los dos planes. El primer plan era captar a ayudantes que atrajeran a jugadores a programas universitarios concretos. El segundo plan era dar dinero a las familias de esos jugadores. El objetivo era que el jugador prometiera fidelidad a la empresa de zapatillas (Adidas) después de que abandonara la universidad.

Hasta aquí, lo que estamos viendo, francamente, son variaciones (con el giro adicional del dinero de la empresa de zapatillas) de violaciones de las normas de la NCAA en las que los jugadores o sus familias reciben un pago en dinero o en especie que va más allá de las becas deportivas estándar de comida, libros, matriculación, tarifas y exámenes. Además, la perspectiva de convertir estas acciones en delitos federales en realidad añade una nueva y, francamente, peligrosa dimensión al derecho penal federal. Primero, he aquí la supuesta justificación que los federales están empleando para convertir mágicamente las violaciones de las normas de la NCAA en delitos:

Exalumno de Auburn, (Chuck) Person (uno de los entrenadores arrestados) estuvo 27 temporadas como jugador, entrenador y directivo en la NBA antes de unirse al equipo de Bruce Pearl en 2014, acusado de manejar un total de 141.500$, suspendido sin salario por Auburn. De la denuncia (federal): “Además, Chuck Connors Person, acordó con el testigo hacer pagos directamente a las familias de los jugadores a los que Person dirigía al testigo. Estos pagos defraudaron a la universidad privándola de la ayuda financiera que dicha universidad continuaba concediendo a los estudiantes deportistas relevantes bajo falsas pretensiones”. (Las cursivas son mías)

Es la declaración de “fraude” más rocambolesca que yo haya visto nunca. Dejadme que explique la cadena “lógica” que han usado los federales y luego la critico.

Primero, y más importante, universidades como Auburn reciben dólares federales, sobre todo a través de becas de investigación y especialmente préstamos estudiantes, así que quedan bajo las regulaciones federales y se consideran agencias públicas federales. Así que el FBI y los fiscales federales pueden aplicar los maleables códigos penales federales a cualquier comportamiento de cualquier empleado o asociado con Auburn. Por ejemplo, hace más de diez años, los fiscales federales de Memphis acusaron al seguidor de la universidad de Alabama, Logan Young, supuestamente por pagar a entrenadores de instituto para mandar a un jugador de Memphis, Albert Means, a jugar en Alabama. (Candice Jackson y yo criticamos fuertemente a los federales en este artículo).

Segundo, usando las ubicuas demandas federales de “fraude”, los fiscales federales dicen que como Person (y otros entrenadores) violaron las normas de la NCAA al reclutar a dichos jugadores, la concesión de becas a estos deportistas constituyó un fraude hacia la universidad, que es esencialmente una agencia federal. Así que los entrenadores “defraudaron” al gobierno de EEUU y, como tuvieron contacto con otros durante el proceso, aparecen los delitos de “conspiración” y “fraude informático”, permitiendo así a los fiscales federales acusar a estas personas de numerosos delitos por la misma acción.

El resultado sería que si esta acción federal procediera sin impedimentos (y hasta ahora no he visto ninguna voz que sea ni siquiera remotamente crítica por esta nueva apropiación de poder), esto significa que toda violación en el reclutamiento o de otro tipo en la NCAA puede transformarse en un delito federal. Todas. El libro de normas de la NCAA rivaliza con el Registro Federal en tamaño y cualquiera que esté familiarizado con el deporte universitario sabe que es casi imposible no violar al menos una norma si se participa en él, algo que es indiscutible. Por contrario, vemos a abogados, periodistas y otros en posición de influencia alineándose detrás de los federales para alabarlos mientras estos se inmiscuyen en las vidas de entrenadores y deportistas como un toro en una cacharrería llena de porcelana fina.

Ahora me ocupo del asunto del daño. Como escribía Paul Rosenzweig hace más de una década, el derecho penal federal ha sobrepasado con mucho cualquier principio de ocuparse del daño real y, por el contrario, se basa en una visión casi arbitraria de la violación de las normas. Escribe:

Estas acciones eran malas por sí mismas (malum in se), como el asesinato, la violación y el robo. En tiempos recientes, el alcance de la ley penal se ha expandido de tal manera que ahora se ocupa de conductas que no son malas debido a su naturaleza intrínseca, sino porque es una maldad prohibida (malum prohibitum), es decir, una maldad creada por un cuerpo legislativo para servir a algún bien público percibido. Estos delitos esencialmente regulatorios se conocen como delitos contra el “bienestar público”.

Sin embargo, en este caso los federales han ido un paso más allá: los acusados supuestamente han incumplido normas de una organización privada y los delitos son los habituales “delitos derivados” que usan los fiscales federales para demandar a los acusados cuando no pueden demostrar que hay una conducta delictiva subyacente. (Los llamamos “delitos derivados” porque derivan de otras acciones, algunas de las cuales podrían violar estatutos estatales y otras podrían interpretarse como legales, como retirar dinero de los bancos en cantidades por debajo de los 10.000$ para evitar los requisitos de reporte federal).

Entendamos que las empresas de zapatillas pagan a los deportistas profesionales como Kevin Durant, LeBron James y Stephan Curry millones de dólares por vestir su calzado y ropa y las empresas pagan a los departamentos deportivos universitarios importantes millones de dólares por hacer lo mismo con sus deportistas universitarios. Además, tengamos en cuenta que Chuck Person estaba reclutando a ciertos deportistas para Auburn no porque fuera una “universidad Adidas” y Adidas lo estuviera pagando, sino más bien porque creía que este deportista podría suponer una diferencia importante para que Auburn ganara o perdiera partidos de baloncesto. Si Adidas no le hubiera pagado un penique, Person aun así habría reclutado al jugador.

El periodista deportivo Dan Wezel, que en general parece apoyar la actual investigación criminal federal, al menos reconoce que las autoridades están forzando la ley y que no parece haber víctimas reales de delito, al menos cuando uno entiende la visión histórica del daño. Escribe:

No es ningún secreto que existe una economía subterránea en el deporte universitario. Es una historia de hace generaciones. Al menos los datos concretos recogidos en los registros de audio y vídeo del FBI deben ser explicados por la NCAA al tratarse de un escándalo que ya es enorme (afectando a ocho universidades importantes) y aparentemente creciendo por momentos.

Mientras la NCAA se aferra a un rígido amateurismo y trata de detener las mareas del capitalismo infravalorando el talento, está ignorando la realidad de cómo se hacen los negocios y exponiéndose a este tipo de escándalo. Como una inundación, el mercado irá donde decida, con o sin normas de la NCAA.

El FBI y la Fiscalía de EEUU están dando mucha importancia a este caso, pero en realidad no hay mucho caso. Pueden inventarse delitos calificándolos como sobornos (en lugar de tarifas de consultoría) y estirando las leyes anticorrupción para encontrar normas que se ajusten alguna manera, pero aquí hay pocas víctimas, si es que hay alguna. (Las cursivas son mías)

Solo se está mostrando el sistema de la NCAA.

Advirtamos que no estoy diciendo que incumplir las normas de la NCAA sea bueno. (En realidad, no me preocupa si se incumplen las normas preciosas e interesadas de la NCAA, pero esa es otra historia). Por el contrario, lo que estoy diciendo es que no hay manera de que esto sea un caso penal federal. La definición histórica de fraude está claro que no funciona aquí y también está claro que las autoridades federales están forzando la normativa sobre fraude para conseguir acusaciones, no para buscar justicia para las personas que hayan sido defraudadas.

En 2006, el tristemente famoso Mike Nifong, que presentó falsas acusaciones de violación y secuestro contra tres jugadores de lacrosse de la Universidad de Duke, utilizó fondos federales para seguir al caso, aunque posteriormente admitió que no tenía ninguna base creíble sobre la que sostener esas acusaciones. Nifong se dedicó inequívocamente a un uso fraudulento de dinero público y vulneró varias leyes en el proceso de ir en contra de los acusados y sin embargo ningún fiscal federal mostró ningún interés en presentar acusaciones de fraude. Además, las acciones de Nifong dañaron claramente a personas inocentes y sus acciones obligaron a otras personas (y a la Universidad de Duke) a gastar millones de dólares que nunca se habrían gastado si Nifong hubiera buscado justicia en lugar de tejer una red de mentiras. Pero los federales ignoraron un delito real porque no era aceptable políticamente acusar a Nifong.

En el caso actual, nadie ha sido defraudado. Algunas familias mejoraron su condición, pero nadie les obligó a tomar el dinero. Además, ninguno de los deportistas a los que se les pagó podría haberse visto obligado a firmar con Adidas tras sus breves carreras universitarias. Adidas, por su parte, estaba tratando de influir en los deportistas que esperaba que se convirtieran en nombres de la casa en el futuro.

No cabe duda de que estas acciones violaba las normas de la NCAA. Sin embargo, incumplen las normas de una organización privada no es lo mismo que infligido un daño que llegué al nivel de la delincuencia. Por desgracia, estas personas van a pasar un tiempo en una prisión federal por sus no delitos, mientras que periodistas y otros sacuden sus pechos y afirman que se ha hecho justicia.

Bill Anderson is a professor of economics at Frostburg State University in Frostburg, Maryland.

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